Un día de furia en el Consejo

La última reunión. Contra todo pronóstico, no fue uno de esos días de despedida que transcurren con más calma que otra cosa. El plantel del Consejo de la Magistratura de los últimos cuatro años, amén de algunos pocos cambios, llegó este jueves por la mañana, bien temprano, mucho más de lo normal, entre la manifestación de empleados judiciales, las Madres del Dolor y los jubilados que reclaman todas las semanas una respuesta de parte de la Justicia para conseguir el 82% móvil.

 

Esos tres grupos tenían tres intereses diferentes pero que, al mismo tiempo, confluían en este último encuentro en el órgano de la administración de Justicia nacional: los integrantes de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) buscaban el pase a planta permanente de los trabajadores de maestranza; los jubilados fueron a apoyar a los jueces de la Cámara de la Seguridad Social, Luis Herrero y Emilio Fernández; y las Madres del Dolor fueron buscando que, finalmente, se decida llevar a juicio político al juez de Ejecución Penal Axel López.

 

Al menos para estos grupos fue una gran jornada, ya que todos estos puntos fueron tratados por el plenario y todos resultaron aprobados. Con un Orden del Día corto donde se plantearon solo estos puntos, junto a otra resolución administrativa, el primero en ser tratado fue el de los integrantes de la Cámara de la Seguridad Social. Los jubilados que fueron a apoyarlos se agolpaban en las puertas de la Sala  “Lino Palacios”, pedían entrar pero no había más lugar: el público expectante parecía estar listo para oír solo lo que quería oír.

 

 

Las quejas afuera se replicaban adentro y los insultos hacia los consejeros antes de que se pronuncien sobre estas cuestiones parecían algo desmedidos, sobre todo por el tono condescendiente que adoptaron las personas mayores con los integrantes del órgano al enterarse que la causa contra Herrero y Fernández iba a ser archivada.

 

“Parece que todavía podemos confiar en la Justicia”, profirió una jubilada que insistió durante varios minutos para que la dejen entrar al recinto colmado de gente, con un argumento que, a su parecer, era infalible: “Tengo 77 años, dejame pasar, me merezco pasar”, afirmó al empleado que custodiaba la puerta.

 

Herrero y Fernández habían sido denunciados por un abogado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) quien hizo un señalamiento sobre dos expedientes en particular, al afirmar que allí los magistrados habían realizado maniobras irregulares, brindado un dictamen favorable para los jubilados que reclamaban un reajuste de haberes. Esta situación iba en contra de las posturas tomadas por el Estado nacional en estos términos.

 

El conflicto es de larga data: durante 2012, cuando se puso en cuestión la aplicación del precedente Badaro para los casos tramitados ante la Seguridad Social, el titular de la ANSES, Diego Bossio, precisó que muchos integrantes del Poder Judicial y algunos accionantes accedían a grandes beneficios que ponían en peligro el sistema solidario de jubilaciones.

 

“Hay jueces que están colegislando, generando prestaciones que no existen y fallos que alteran la lógica de solidaridad y sustentabilidad que debe tener el sistema previsional”, precisó, además, el titular del organismo de la Seguridad Social, quien se refirió sin tapujos a los jueces que integraban la Cámara del fuero.

 

Herrero, en declaraciones a Diario Judicial, respondió a estos agravios señalando que “los jueces de la seguridad social, cuando restablecen los derechos sociales conculcados por el Estado, respetan a rajatabla el delicado equilibrio que existe entre el interés individual de cada acreedor social con el interés social y las posibilidades financieras del Gobierno”.

 

También afirmó que cuando los magistrados de la Cámara toman una decisión, “no sólo no desconocen en absoluto el principio de solidaridad”, sino que “se fundan exclusivamente en él, por mandato constitucional”.

 

También, en respuesta a la recusación presentada por el caso Aguilera Grueso, los jueces de la Seguridad Social afirmaron que “el instituto invocado por la demandada tenía carácter excepcional y no aparecía legislado para casos como el presente, en que la ANSES era parte en la mayoría de las causas que tramitaban en el fuero, cuyo estado de colapso -público y notorio- se vería agravado por la admisión del conjunto de presentaciones similares, dado que ninguno de sus integrantes estaría en condiciones de asumir la sobrecarga que importaría la votación en una gran cantidad de expedientes adicionales”.

 

En el medio de una gran ola de recusaciones, la Corte Suprema intercedió alegando que “no puede desconocerse que recusar al doctor Herrero en la totalidad de las causas sorteadas a la sala II, traeria aparejado el vaciamiento de la jurisdicción del magistrado, para cuyo ejercicio fue regularmente designado y que debe desempeñar en tanto dure su buena conducta, consecuencia que va mucho más allá de asegurar la imparcialidad de los jueces intervinientes, para transformarse en una suerte de sanción que carece de sustento fáctico y marco normativo”.

 

Esta situación llegó a un fin parcial cuando los integrantes del Consejo de la Magistratura decidieron, este jueves, archivar la denuncia a propuesta del secretario de Justicia, Julián Álvarez, una decisión que podría resultar contradictoria pero que, de cara a la manifestación que acompañó a los magistrados y al rol que cumplirá en el Consejo, no parece tan desacertada.

 

La aprobación de esta postura hizo que se descartar el proyecto de Ricardo Recondo, quien había solicitado la desestimación del caso. Finalmente, su postura solo fue apoyada por su colega representante de los abogados Alejandro Fargosi, mientras que el resto se pronunció a favor de la propuesta de Álvarez.

 

 

“Se puede equivocar una vez, pero se equivocó más de una”, afirmó, acusadora, la integrante de la ONG Madres del Dolor, Silvia Irigaray, a los consejeros de la Magistratura durante el ante último plenario, donde el tratamiento de la denuncia y el pedido de jury contra el juez de Ejecución Penal Axel López resultó postergado hasta este jueves. 

 

El derrotero de los casos que generaron polémica en torno a la figura del magistrado no lo ayudó para nada: primero fue Soledad Bargna, quien murió como consecuencia del ataque un vecino suyo, el 22 de mayo de 2009. Su asesino fue un violador que había sido liberado de forma condicional por López. Esto provocó uno de los primeros señalamientos y generó las primeras movilizaciones de las Madres del Dolor en su contra.

 

La primera denuncia llegó poco tiempo después de la muerte de Bargna, pero fue desestimada en octubre de 2010. Con algunas aclaraciones sobre las falencias del Sistema de Ejecución Penal, la diputada Diana Conti, quien entonces era consejera, explicó por qué López era pasible de cometer un error de este tipo que, finalmente, derivó en la muerte de Soledad.

 

En esa ocasión, el padre de la joven asesinada afirmó que “en la Justicia uno más uno no es dos”, y agregó que “no es discriminatorio darles un tratamiento especial a los violadores, porque estos son unos de los pocos que no reconocen su culpa”. Refiriéndose al magistrado, precisó que “miró con demasiada liviandad lo que veía”.

 

Pero López no pudo sortear un nuevo caso que tomó rápidamente estado público y que, en el tratamiento mediático, remitió de forma ineludible al caso de Soledad: nuevamente, un hombre condenado a 24 años de prisión por cometer cuatro violaciones, el remisero Juan Ernesto Cabeza, utilizó una salida transitoria para violar y matar a Tatiana Kolodziey, una chaqueña de 33 años.

 

El titular de uno de los tres únicos juzgados de Ejecución Penal del país no pudo sortear esta polémica. Las organizaciones que luchan contra el flagelo de la violación se lanzaron con una gran cantidad de argumentos en contra de López y, este jueves, todo ese trabajo culminó con la aprobación del pedido de juicio político en su contra. Las Madres del Dolor celebraron como una victoria este hecho.

 

Entre llantos y abrazos, las integrantes de esa ONG y familiares de víctimas de inseguridad festejaron la decisión del Consejo de la Magistratura, desde donde se adhirió al proyecto de Julián Álvarez, que nuevamente se mostraba con una posición diferente a la que históricamente había asumido el oficialismo en este tipo de casos.

 

Eduardo “Wado” de Pedro, Marcelo Fuentes, Ada Iturrez, Carlos Moreno, Alejandro Fargosi, Oscar Aguad, Mario Cimadevilla y el propio Álvarez fueron los votantes que lograron aprobar el pedido de juicio político en contra de López, quien, de forma casi inédita, no fue suspendido en sus funciones, por lo que, hasta que el jury diga lo contrario, seguirá ejerciendo su cargo.