Tras una seguidilla de postergaciones que tuvo en la Legislatura porteña el tratamiento del proyecto de ley que propone la voluntariedad de CASSABA, el diputado Jorge Enríquez confirmó que finalmente el tema no se aprobaría este año porque “sorprendentemente” varios legisladores cambiaron de opinión y “no hay consenso”.
Así, quedaría sin efecto el despacho 0628/07 aprobado en comisión a principios de octubre, y la modificación a la ley 1181, que creó el sistema obligatorio de seguridad social para abogados de la Ciudad, volvería a ser tratada en el próximo período legislativo, cuando ya se hayan renovado varias bancas en la Legislatura.
El adelanto de Enríquez, presidente de la Comisión de Legislación General y del Trabajo, también fue confirmado por Santiago De Estrada, que señaló que el tema recién se tratará después del 10 de diciembre porque el Frente Para la Victoria retiró su apoyo para que el aporte a CASSABA sea voluntario. En ese sentido, ambos diputados sostuvieron que “es posible” alcanzar un nuevo consenso.
De todas maneras, el tema sigue estando dentro de la labor parlamentaria y el Colegio Público de Abogado de la capital volvió a convocar a los letrados para que vayan mañana a la Legislatura a reclamar por el tratamiento y la aprobación de la modificación de la ley 1181.
El despacho de mayoría y de minoría, luego de la aprobación en comisión, tuvo moción de tratamiento preferencial para la sesión del 11 de octubre, pero ese día se postergó la votación y lo mismo se fue repitiendo en las últimas tres reuniones plenarias del cuerpo.
La obligatoriedad de CASSABA ha generado un fuerte debate político e incluso el tema llegó a la Justicia. Allí, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de letrados y ordenó a la Caja de Seguridad abstenerse de “exigir a todos los abogados presentados en autos, pagos, aportes, contribuciones o cualquier otra obligación dineraria previstos en la ley 1.181”.
Frente a lo ocurrido, el presidente de CASSABA, Hugo Germano, se mostró confiado y satisfecho con la decisión. Afirmó que "la Legislatura ha comprendido que las razones que nosotros les explicábamos eran más que suficientes para no aprobar ese proyecto". Así también sostuvo que "el proyecto significaba un verdadero fraude para los abogados, ya que desfinanciaba la institución. Además, de aprobarse, la ciudad de Buenos Aires iba a ser co-responsable de más de 40 mil juicios que le iba a iniciar los letrados afiliados".
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