El presidente del bloque del PRO Federico Pinedo, junto al de la UCR Oscar Aguad, la Coalición Cívica Adrián Pérez y el Partido Socialista, entre otras agrupaciones, presentaron esta semana un proyecto de ley que propone “suspender” las retenciones móviles y sus modificatorias, “exhortar” a los ruralistas para que levanten las medidas de fuerza y crear un “Mesa de Diálogo” que en un plazo de sesenta días determine las nuevas directivas para una política en materia agropecuaria.
“La grave crisis por la que atraviesa el país con motivo de las circunstancias que llevaron al paro agropecuario, exigen la búsqueda de consensos por medio del diálogo entre los representantes legítimos del pueblo y de las provincias, en consulta con los sectores involucrados”, expresa la iniciativa entre sus fundamentos.
Mientras tanto, la propuesta del Gobierno será discutida el próximo lunes en las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda. Previo a la decisión del Ejecutivo se habían intentado cinco sesiones especiales impulsadas por el arco opositor para debatir la derogación de la resolución 125/08, pero no contaron con el quorum requerido para abrir el debate.
El PRO ya había ingresado el pasado 21 de mayo un proyecto de ley que sugería la pérdida de vigencia de aquellas leyes referidas a los derechos de exportación que no hubieran sido aprobadas por el Congreso de la Nación. También impulsaba la creación del “Fondo de Equilibrio Federal”-propuesto también por la UCR- para cumplir con la distribución de la coparticipación federal y la modificación de la ley 22.415 del Código Aduanero.
En relación a este último punto, la propuesta del partido es modificar el artículo 754 de la norma para que establezca que “los derechos de exportación deben ser establecidos por ley del Congreso de la Nación”. Además sugiere la derogación del artículo 755 que permite al Poder Ejecutivo “modificar el derecho de exportación establecido”.
Por su parte la Unión Cívica Radical también presentó una propuesta para quitarle las facultades delegadas al Ejecutivo en materia de determinación de la alícuota de la tasa estadística que se fije y de la modificación de los derechos de exportación. En similar sentido a la iniciativa del PRO, este proyecto también polemiza sobre el incumplimiento de la coparticipación federal, un tema que en las sesiones especiales se quiso debatir y que también fracasó por falata de quórum.
“Desde enero de 2003 hasta marzo de 2008, la Nación lleva apropiados $13.277 millones que deberían haber sido transferidos a las provincias. Actualmente, la Nación se está apropiando de recursos provinciales a razón de unos $500 millones mensuales”, expresa entre sus fundamentos los firmantes de la nueva propuesta.
El texto ingresado esta semana por el Ejecutivo intentó abordar como será la repartición de la recaudación de lo que denominan el Fondo de Redistribución Social. El texto explica que de lo recaudado en este Fondo, se destinará un “sesenta por ciento para hospitales públicos y salas de atención primaria de salud, el veinte por ciento para viviendas populares y el porcentaje restante para caminos rurales”.
Aunque desde Diputados afirman que la Constitución Nacional establece que es el Congreso el competente para sancionar las leyes relativas a la materia tributaria, el Ejecutivo insiste en priorizar lo establecido en el Código Aduanero que lo faculta para modificar los derechos de exportación.
Las entidades del campo anunciaron que por ahora continuarán con la medida de fuerza e insisten en que están dispuestos al diálogo.