“Nosotros entendemos que le toca a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la ley vigente en esta materia ya sea por insuficiencia de reglamentación o, lisa y llanamente, por entender que la ley actual es inconstitucional porque no equipara a las parejas y se ven privadas de derechos tan importantes como el derecho a la pensión, a constituir un bien como bien de familia, los derechos migratorios y el derecho a la herencia entre otros” le dijo a Diariojudicial.com María José Lubertino, titular del INADI.
Además “hay una discriminación a las familias y a las personas que conviven como un matrimonio al no permitírsele legalizar en igualdad de condiciones” ya que “la ley no dice en personas de diferentes sexos, el registro civil lo interpreta en la reglamentación. Hasta ahora la jurisprudencia lo interpretado de esta manera, tanto en primera como en segunda instancia” remarcó.
En el texto de la presentación se sostiene que “las circunstancias existentes al momento de dictarse sentencia configuran una situación de violación continua del derecho a contraer matrimonio”. Lo que se genera es “una violación continua de un derecho humano, en detrimento de un conjunto de personas en virtud de su orientación sexual, cuestión que debería ser completamente indiferente en lo atinente al pleno goce de los derechos humanos”.
La presentación fue realizada, también, producto de una iniciativa de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGTB), en donde se convocó a organismos, organizaciones y juristas destacados para que se presenten como “amicus curiae” para aportar su opinión para la próxima decisión de la Corte.
En otro orden de cosas, Lubertino destacó la importancia del reciente dictamen del Procurador de la Nación, Esteban Righi, ya que este es favorable en tanto que “dice que debe legislarse para equiparar el derecho de las familias matrimoniales, no importa cual sea su orientación sexual”.
No obstante realizó una observación acerca de la Unión Civil, existente en la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Río Cuarto. “Creemos que todas las provincias tienen que tener una norma de unión civil, pero lo que ocurre es que si vamos a generar un marco de unión civil a nivel nacional con los mismos derechos del matrimonio terminamos generando un doble estándar” ya que “le damos los mismos derechos pero con otro nombre es decir que es como si hiciéramos un matrimonio con nombre distinto para los indígenas, los judíos, etc”.
En el Congreso existen dos proyectos acerca de la temática del matrimonio entre personas del mismo sexo, uno ingresado a través del Senado y otro a través de la Cámara de Diputados. El Inadi también posee su propio proyecto que se encuentra por el momento bajo la órbita del Ministerio de Justicia y que todavía no fue presentado en el Congreso de la Nación, está a la espera de contar con el aval del Ejecutivo para que ingrese como un proyecto oficial.
Finalmente, Lubertino se refirió al rol del Estado en la materia “el Estado que debe ser laico y defender los derechos de todos, de la misma manera que no les puede imponer ser ciudadanos de segunda a los gays o a las lesbianas, tampoco le puede imponer los parámetros de una religión a todos los ciudadanos” dijo.