El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martin N° 2 hizo lugar a la medida cautelar interina solicitada por un grupo de actores que, en el marco de un amparo colectivo, cuestionaron el cierre de la sede de la UNMa (Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo) de Marcos Paz.
Fue en el caso “A. A. C. y otros c/ Ministerio de Capital Humano s/ Amparo Colectivo” donde un grupo de alumnos presentó la acción colectiva contra el Estado Nacional para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N° 45/24 que dispuso el proceso de revisión de la creación legislativa que recae sobre cinco instituciones universitarias, que incluía a la UNMa.
La jueza remarcó la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, el proceso de creación y cierre de la ley de educación superior, la sanción de la ley 27.731 que creó la universidad en cuestión, y el hecho de que estaban involucrados derechos constitucionales, como el de enseñar y aprender o el de trabajar.
A su vez peticionaron la anulación de todos los actos administrativos posteriores al dictado de la resolución, entre ellos la Resolución N° 542/24 por la que se designó un rector organizados para la UNMa y la vía de hecho por la que el interventor ordenó el cierre de la universidad con intervención de la policía federal argentina.
La magistrada Martina Isabel Forns admitió la medida interina y ordenó la inmediata suspensión de los efectos de la Resolución N° 45/24.
También dispuso la inmediata reapertura de la sede de la UNMa sita en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, debiendo disponerse los fondos presupuestarios que correspondan para la apertura de la sede hasta que fuera respondido el informe de la ley 26.854.
Entre sus argumentos, la jueza remarcó la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, el proceso de creación y cierre de la ley de educación superior, la sanción de la ley 27.731 que creó la universidad en cuestión, y el hecho de que estaban involucrados derechos constitucionales, como el de enseñar y aprender o el de trabajar.