Ese plazo vence el próximo 23 de mayo y si bien existen varios proyectos en el Congreso de la Nación para sancionar una nueva ley todavía ninguna cámara del Parlamento siquiera aprobó una iniciativa.
“La existencia de más de 190 Jueces en esa condición (de subrogancia) refleja -per se- la gravedad de la situación, y la necesidad de que quienes -por imperio constitucional- deben remediarla, lo hagan con la premura y dedicación que el momento exige, para impedir que pueda llegarse a un virtual estado de paralización de buena parte de los tribunales nacionales”, le reclamó la AMFJN al Congreso.
Hace un año, la Corte Suprema dictó el fallo “Rosza, Carlos Alberto” en el que declaró inconstitucional la selección de jueces subrogantes que hacía el Consejo de la Magistratura porque no respetaba los lineamientos de la Carta Magna para el nombramiento de magistrados. Eso es la participación del Poder Ejecutivo en la selección de los candidatos y del Senado en su nombramiento.
“Esta Asociación entiende imprescindible el urgente dictado de una ley mediante la cual se permita, con carácter de excepción, otorgar un acuerdo general por parte del Honorable Senado de la Nación, a todos quienes hasta el momento -la gran mayoría de ellos Secretarios de una u otra instancia- están ejerciendo tal actividad jurisdiccional con loable eficacia”, propuso la entidad en un comunicado.
Esa situación se mantendría “hasta tanto desaparecieran las razones por las cuales hubieran sido oportunamente designados, esto es, por cobertura definitiva de la vacante o conclusión de la licencia transitoria concedida”.
El objetivo de la propuesta de la Asociación es darle prioridad a los secretarios judiciales a la hora de designar subrogantes por sobre, por ejemplo, los abogados matriculados. “Sostenemos, una vez más, que los funcionarios judiciales son quienes han acreditado sobradamente contar con la aptitud necesaria para llevar adelante esas delicadas tareas”, apoyaron los jueces.
“Reiteramos el alerta sobre la gravedad de la situación que se avecina y los evidentes trastornos institucionales que, de persistir el vacío normativo, aquélla traerá aparejada”, concluyeron los magistrados.