En la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura está en curso una investigación que ya despertó críticas y denuncias de presión a los magistrados como consecuencia del conflicto entre el Gobierno y el campo. Los consejeros buscan determinar qué juzgados federales a lo largo del país tuvieron radicación de causas originadas por los cortes de ruta llevados a cabo en los últimos meses por los ruralistas y qué curso le dieron a las mismas.
Para ello, el cuerpo dispuso a fines de abril admitir una denuncia por “inacción” de los jueces federales presentada por el secretario general del gremio de los judiciales, el kirchnerista Julio Piumato, y en ese marco, se ordenó a las cámaras federales de todo el país que informen si dentro de su jurisdicción se produjeron cortes de rutas nacionales durante el lockout agropecuario llevado a cabo entre el 12 de marzo y el 2 de abril, y que en caso afirmativo informen el juzgado de turno.
Según fuentes del Consejo, los informes de los tribunales reflejan respuestas “variadas”, es decir: así como muchos indicaron que se iniciaron causas por cortes de ruta otro tanto explicó que no hubo. Mientras que en cuanto al estado de las mismas, se informó que varias de ellas fueron delegadas a las fiscalías. Asimismo, desde el Consejo se remarcó que la investigación está en un estado preliminar y se aclaró que no hay ningún juez investigado en concreto.
Sin embargo, el avance del expediente N°104/2008 no cae bien en la Asociación de Magistrados y así lo hizo saber el presidente su presidente, Ricardo Recondo, que sostuvo que esto se trata de una nuevo presión del oficialismo hacia los jueces. “En vez de rechazar la denuncia de Piumato in limine, le dan curso con una evidente intencionalidad política. El Consejo no está para eso”, dijo Recondo a la prensa.
Mientras que Diana Conti, que está a cargo de la instrucción del expediente, salió al cruce de las críticas de Recondo y descartó las presiones: “Queremos ver la coherencia del accionar judicial”, sostuvo la diputada, que explicó que “cortar rutas sin estado de necesidad es delito y el juez que no aplicó la ley comete mal desempeño”.
En cuanto a los pasos a seguir, Conti remarcó que una vez recibidos todos los informes de las cámaras, la idea es poner “blanco sobre negro” y analizar la actuación del juez.
La causa en cuestión fue iniciada a raíz de una presentación hecha por el titular de la UEJN luego del primer paro de los ruralistas realizado en marzo. Cuando el tema se llevó a comisión el senador radical Ernesto Sanz propuso la desestimación in limine del caso, pero a instancias del diputado Carlos Kunkel fue sorteado.
De acuerdo a la denuncia de Piumato, la “inacción” que sostiene que hubo de parte de los jueces federales “constituye un llamativo precedente en la Justicia Argentina, más aún si se tiene en cuenta la amenaza de que estas situaciones puedan repetirse”.
En el mismo sentido, días después de esa presentación, el titular del gremio denunció en los mismos términos a los fiscales federales de todo el país ante la Procuración General. “Como denunciamos la inacción de los jueces federales, denunciamos hoy la de los fiscales, inacción que es aún más grave en su caso puesto que tienen el deber y la responsabilidad pública de actuar en estos casos”, sostuvo en su momento Piumato.
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