Las representantes de los Estados, Romina Picolotti secretaria de Medio Ambiente y Ana Speranza, directora nacional de Salud Materno Infantil, fueron las más criticados. Esto se vio desde todos los ángulos: los actores, los demandados, los terceros interesados y los propios ministros de la Corte.
La exposición de los Estados se basó en las acciones que ellos fueron desarrollando durante los últimos tiempos. A su vez intentaron aclarar las críticas que habían efectuado un grupo de expertos de la Universidad de Buenos Aires, sobre el plan presentado para sanear el Riachuelo. Según las opiniones de los expertos, el plan pareciera no ser sustentable y además ser incompleto y defectuoso.
Picolotti destacó el dictado de normas para hacer operativas las disposiciones del plan con el cual se comprometió, y explicó que se están desalojando a las empresas del Polo Petroquímico de Dock Sud.
Además aclaró que se visitaron varios basureros a cielo abierto y se tomaron medidas y acciones con varios especialistas para remediar dicha situación. Reconoció que no se realizó un estudio epidemiológico en la zona en cuestión.
Por su parte, Ana Speranza comentó positivamente la casi duplicación de las consultas médicas por enfermedades relacionadas con la contaminación, hecho que motivó la reacción de la ministro Elena Highton de Nolasco.
La juez, algo horrorizada, afirmó que el aumento podría interpretarse como empeoramiento de la salud de los habitantes de Dock Sud durante estos últimos meses. Por ello se ha agravado la situación sanitaria en la cuenta, lo cual es grave porque dichos daños debieron ser evitados por los Estados.
Entre los terceros interesados es destacable el Defensor del Pueblo de la Nación que solicitó a la Corte que establezca plazos perentorios para el cumplimiento del plan que los Estados se han comprometido seguir, imponiendo multas o sanciones en caso de retrasos, a fin de no dilatar la cuestión en el tiempo.
Las demandadas, en cambio, se agraviaron de manera irónica de los desalojos que Romina Picolotti está gestionando, afirmando que ellos no contaminan y que las empresas petroquímicas no se están retirando, sino que obligan a abandonar el polo a aquellas empresas que no representan casi un peligro para la cuenca o aquellas que depositan sustancias que no son riesgosas, tanto por ser ignífugas como por no ser contaminantes.
Como si se tratara de una contaminación espontánea, ninguna de las empresas que se defendió en las dos audiencias reconoció alguna relación con la contaminación del Riachuelo. Ambas sostuvieron constantemente ser merecedoras del aprecio y el reconocimiento del resto de los ciudadanos.
Las preguntas de los jueces de la Corte dejaron un sabor amargo en los representantes de los Estados y en los propios espectadores de la audiencia. Estando presentes sólo 4 de los 7 integrantes del Máximo Tribunal, cuestionaron directamente a los representantes del Estado, haciendo hincapié en la supuesta falta de previsión social y sanitaria del plan presentado.
Esto llevó a decir a Highton de Nolasco que una de las falencias del plan es que no se dispone de medidas urgentes para asistir a aquellos que están afectados por la contaminación del suelo, aire y agua. Tampoco se pensó demasiado sobre el destino de los empleados de las empresas trasladadas, muchos de los cuales pertenecen al propio Polo Petroquímico.
Por su parte Carmen Argibay llegó a cuestionar la relación entre los desalojos y el saneamiento, dando a entender su posición de que la situación requiere de medidas más urgentes sobre puntos más específicos como es la salud de los habitantes.
Picolotti se defendió afirmando que existe voluntad política para sanear el Riachuelo. A ello Ricardo Lorenzetti debió replicar que aquí no se está cuestionando voluntades sino planes y labores para solucionar los problemas de contaminación.
Todavía la Corte Suprema no ha tomado ninguna resolución novedosa, aunque dejó en claro que escuchó las quejas de los terceros interesados y de los actores respecto que los Estados trabajan dos minutos antes de la audiencia. Así pues, denunciaron que se dictan normas pocos minutos antes de que los encuentros comiencen a fin de no quedar en falta frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es posible que en el próximo acuerdo este jueves, se dicte alguna decisión sobre el plan propuesto por el Estado, o la citación a una nueva audiencia.