La Fundación Ambiente y Recursos Naturales presentó dos amparos para que la Secretaria de Medio Ambiente le de información pública que sólo contestó parcialmente. La ONG quiere saber la cantidad de empresas que hay en la cuenca y de gente que no tiene acceso al agua potable, entre otros pedidos. Las presentaciones se tramitan ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
La Justicia deberá resolver dos amparos presentados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) para acceder a información pública sobre las acciones desarrolladas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la cuenca Matanza-Riachuelo. La presentación se realizó luego que el organismo se negara a brindar los datos solicitados, lo que la ONG consideró una violación a los normas de acceso de la información pública.
La entidad presidida por el abogado constitucionalista Daniel Sabsay quiere saber, entre otros temas, la cantidad de empresas que operan sobre la cuenca y qué acceso tienen sus habitantes al agua potable y los proyectos que la Secretaría de Medio Ambiente, comandada por Romina Picolotti, tiene previsto implementar al respecto.
Esa información fue solicitada en tres oportunidades entre el 20 de marzo y el 30 de abril pero sólo obtuvo respuestas parciales para algunos de los requerimientos, según consta en los dos amparos por mora presentados por la FARN ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. La ONG realizó presentaciones divididas.
Una de ellas reclama información sobre la cantidad de empresas se tramita ante el juzgado de primera instancia N 1, a cargo de Ernesto Marinelli. La segunda la lleva la magistrada del Tribunal N 11, María José Sarmiento, que deberá entender en el pedido de informes respecto al agua potable.
En las presentaciones la ONG destacó que la Secretaría de Medio Ambiente incumplió los plazos de 10 y 30 días que el decreto 1172/03 y la ley 25.831, respectivamente, le otorga a los organismos del Poder Ejecutivo para brindar información pública.
“De permitirse la negativa de proveer acceso a la información sobre la materia objeto de la presente acción, se obstruye la posibilidad de que la sociedad civil ejerza un control efectivo sobre los mismos y así para prevenir o reparar los daños ambientales provocados o que puedan provocarse”, señala la FARN en los dos amparos que presentaron sus apoderados, Andrés Nápoli y Juan Martín Vezzulla.
La ONG también afirma que “el acceso a la información ambiental resulta un elemento básico dentro de la política del Estado, con el objeto de constituirse en una herramienta para la toma de decisiones”. Y destaca la importancia de que la ciudadanía acceda a los datos públicos “porque aspira a un ambiente digno en el que desarrollarse y, por ello, tiene la obligación y necesidad de preservarlo y conservarlo, todo lo cual sería imposible sin la debida información que posibilite una vía de acción al respecto”.
Detalladamente la ONG quiere que la Justicia le solicita a la Secretaría de Medio información sobre: la cantidad de empresas e industrias asentadas y todos los datos que tengan registrados como su ubicación, cantidad de empleados, la actividad que realiza, si tienen permiso para vertidos de líquidos y cuáles considera la Secretaría son las más responsables de la contaminación de la cuenca.
Respecto al segundo amparo, el pedido es para conocer información sobre qué cantidad de personas que viven en la cuenca, no tiene agua potable ni cloacas, qué obras se piensan realizar, qué empresas las llevará a cabo, cuánto costará, a cuanta gente beneficiarán, entre otras solicitudes.
La FARN forma parte de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo que se tramita ante la Corte Suprema de Justicia como tercero interesado. El Máximo Tribunal ya realizó dos audiencias públicas para analizar el plan de saneamiento presentado por la Secretaria de Medio Ambiente. En la última, se criticó el proyecto a instancia de un informe de la Universidad de Buenos Aires que señaló puntos débiles del plan.
Por otra parte, a mediados de julio, y luego de siete meses desde su creación, se reunió por primera vez la Autoridad de Cuenta Matanza Riachuelo, presidida por Picolotti e integrada por representantes de los gobiernos de la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Se trata de un ente que trabaja sobre la regulación y el control de las actividades que se realizan en la cuenca.
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