A cambio de un salario reducido, las mujeres obtienen datos de redes de Trata. Una vez recabados esos datos, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes será el organismo a través del cual se canalizan las denuncias y luego la tarea de investigación está a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.
El delito de trata de personas fue incorporado al ordenamiento jurídico el año pasado, con la ley 26.364 (de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas), promulgada el 29 de abril. Esta norma legisla respecto de los derechos de las víctimas y establece las penas a los victimarios.
La diputada Diana Maffía (CC), integrante de las comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña criticó el plan del Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que “no se puede usar la vulnerabilidad (de estas mujeres) y ponerlas de espías por el enorme riesgo que esto conlleva”.
En diálogo con DiarioJudicial.com, Maffía instó a desarmar la “complicidad estructural de jueces, políticos y policías” en este tema y exhortó a la creación de un plan integral de atención de las personas víctimas de prostitución y trato esclavo para ofrecerles una alternativa real para salir adelante.
Las ex meretrices que colaboran con el Gobierno porteño prefirieron no hacer declaraciones. “No hablamos del tema. Ya tuvimos un problema y decidimos no hablar más. Es una decisión que tomamos todas juntas, porque no queremos exponernos”, dijo una de ellas a un medio periodístico.
Por su parte, la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar) se sumó a las voces en contra del proyecto del Gobierno de la Ciudad. Elena Reynaga, secretaria general del sindicato sostuvo, ante nuestra consulta, que la iniciativa es parte de la campaña electoral.
“Son los funcionarios de Gobierno quienes deben involucrarse en la búsqueda de datos de redes de Trata. Su actitud es hipócrita porque, mientras argumentan que no tienen acceso a los prostíbulos, son ellos mismos quienes habilitan los saunas”, expresó Reynaga
La legislación argentina establece que la prostitución ejercida individualmente no es ilegal pero sí lo es el lucro con la prostitución ajena, como el que realizan proxenetas o locales ilegales.
Según un informe de la ONU, en la Argentina se registraron 30 casos de Trata de personas en 2005, 63 en 2006 y la cifra trepó a 79 en 2007. En tanto, entre mayo y diciembre del año pasado, el Programa de Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia rescató a 137 mujeres que eran explotadas sexualmente.