En la madrugada del viernes 25 de julio del 2008, la Legislatura aprobó (con 32 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones) la ley 2811 que derogó Cassaba y ordenó que en el plazo de 12 meses año se liquidara el organismo. Enríquez, que estuvo acompañado en la entrevista por el abogado Horacio Chighizola, señaló que no se podrá cumplir con ese plazo porque resta la firma de un acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para “salvaguardar” los aportes previsionales de los abogados que durante 43 meses pagaron a la Caja.
Por ese motivo, Cassaba impulsa un proyecto de ley para prorrogar por otros 12 meses (a partir del 1º de agosto de 2009) el proceso de liquidación. Enríquez señaló que estaba previsto que la Legislatura sesionara este jueves pero desde la oficina del Secretario Parlamentario, Carlos Pérez, dijeron que para esta semana finalmente no habrá ninguna sesión. El titular de la Caja confió en que la iniciativa se trate antes de fin de julio.
¿Por qué la Anses?
“Con la estatización de las AFJP –dijo Chighizola-, el único canal para transferir los derechos previsionales de los abogados aportantes (a Cassaba) era la Anses”. Enríquez subrayó que “hasta febrero” las negociaciones avanzaron “muy bien” y hubo una “excelente recepción por parte de todos los funcionarios” e incluso se dialogó con el ex titular del organismo, Amado Boudou y con el gerente general, Pablo Fontdevila.
Sin embargo, el titular de Cassaba subrayó que “a partir de marzo empezó todo el tema electoral y (aunque) siempre dijeron que el acuerdo estaba (de palabra) ratificado y que tenían mucho interés en el inmueble y en todo lo que nosotros pudiéramos aportar”, no se concretó la firma del acuerdo con la Anses.
Lo pactado informalmente también preveía la absorción del personal contratado (10 empleados) de Cassaba por parte de la Anses. Chighizola y Enríquez enfatizaron que la comisión liquidadora había aprobado los borradores de trabajo con la Anses por “unanimidad”.
El proyecto de ley que ya está redactado y espera ser tratado por la Legislatura establece, en el artículo segundo, que “Cassaba debe disponer la venta en pública subasta de sus bienes inmuebles, al contado y al mejor postor, debiendo ser la misma efectuada a través del Banco Ciudad” pero que se exceptúa ese “modo de enajenación de los bienes de la entidad en el único supuesto que los mismos se transfieran como pago a la Anses en concepto de las sumas necesarias para salvaguardar los derechos previsionales de los afiliados aportantes”.
A renglón seguido, el artículo quinto del proyecto señala que “si por cualquier motivo o circunstancia”, la Anses y Cassaba no llegan a un acuerdo 30 días después de entrada en vigencia la nueva ley, “la Comisión Liquidadora quedará facultada para reintegrar a prorrata a cada uno de sus afiliados el total de las sumas por ellos oportunamente aportadas (…)”.
“A la entrega de los fondos producto de la distribución –reza el artículo quinto- los afiliados deberán firmar una declaración jurada por la cual se comprometan a resolver su situación particular con el Anses si correspondieses y también deberán suscribir una renuncia expresa a iniciar acciones judiciales y/o extrajudiciales contra Cassaba (e.l) o contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Durante la entrevista, Chighizola advirtió que “a pesar de la prórroga, si llegáramos al 31 de agosto con el status quo, la comisión liquidadora tomará la decisión de distribuir a prorrata, como dice el artículo 14, los fondos que se administran y olvidarnos de la Anses”. Y agregó: “(El proyecto de ley) prevé que si en 30 días no alcanzamos un acuerdo con la Anses, vamos lisa y llanamente a la liquidación”.
Entre los triunfos de este año de gestión, Enriquez –que ganó las elecciones de 2008 con la lista “Derogación y Distribución”- recalcó el aumento de los activos (de 74 a 81 millones de pesos) que se consiguieron “sin recaudación, con una crisis financiera internacional brutal y con un edificio en perfectas condiciones”.
También enfatizó el cumplimiento “riguroso” de todo lo establecido por la ley 2811 (que sustituyó a la 1181): una auditoria de inicio, el saneo administrativo (que padecía “un desorden descomunal” aunque no se hallaron “irregularidades” que “rondaran hechos ilícitos”), el intento de rehabilitación de la exención impositiva que tenía la Caja y la disminución de 1235 a 590 juicios en los que Cassaba figuraba como demandada.
Además, Chighizola y Enríquez ponderaron el censo que realizó Cassaba y que registró 12.819 abogados. En este punto, el titular de la entidad aseguró que se intentó obtener esa información a través del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal “para ahorrar tiempo y dinero” pero hubo “falta de respuesta” por parte de la entidad que preside Jorge Rizzo. También destacaron el acuerdo suscripto con Omint, por el cual los afiliados conservarán las ventajas otorgadas por Cassaba Salud.
Enríquez concluyó que su administración fue “honesta, transparente y eficiente” y lo que faltó fue “por cuestiones externas” a la gestión.