Los magistrados penales, entre los que estaban el juez del Tribunal Oral en lo Criminal 1 Martín Vázquez Acuña y la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro, criticaron la legislación en materia de drogas y que la Justicia se ha encargado de los pequeños casos que saturaron el sistema carcelario y los tribunales, mientras que no se persiguió a las grandes bandas de traficantes y vendedores.
“Las políticas públicas en materia de droga han demostrado ser un rotundo fracaso, ya que no han logrado los fines pretendidos de la disminución del consumo de sustancias estupefacientes, como tampoco han llegado a criminalizar a las grandes organizaciones criminales”, sostuvieron los magistrados.
Los jueces recodaron que la Organizaciones de Naciones Unidad dijo en su informe anual sobre drogas de este año que “no debe sacrificarse la salud pública por la seguridad pública” así como que tampoco debe favorecerse “el acceso universal al tratamiento de la drogodependencia” como “uno de los mejores modos de reducir el mercado ilegal de drogas.
“Mientras a los tribunales se los ha saturado de pequeños casos, no llegan los que son más graves, que implican no sólo delitos de tráfico o lavado de dinero, sino de corrupción cometidos por funcionarios estatales”, sostuvo el documento sobre la labor judicial. Los jueces agregaron que los pequeños casos han “acarreado la consecuencia de sobrepoblar el sistema carcelario, como ha generado también un inmenso e innecesario desgaste del sistema judicial”.
También la legislación en materia de drogas fue criticada. Los jueces la calificaron de “legislación de emergencia” y que “como tal carece bien jurídico cierto a proteger, posee técnica legislativa deficiente, una proliferación de verbos, entre otros problemas técnicos que han sido señalados por la más sabia doctrina”.
Por otra parte, criticaron que la solución “de un problema social complejo” sea “a través del sistema penal” ya que viola el acceso a la salud y proponen que se repriman los casos más graves. “Toda persona consumidora de drogas debe gozar del efectivo derecho a la salud”, sostuvieron.
También hicieron referencia al consumo de drogas: “La prohibición del consumo a través de la represión de la tenencia de estupefacientes margina al usuario de drogas y condiciona su contacto con las instituciones sanitarias u otros organismos de asistencia social, ya que los identifica con la agencia policial, privándolos de la acción terapéutica necesaria para la atención voluntaria del consumo problemático, como así también médica, que urgen patologías y la posibilidad de recibir información acerca de cómo evitarlas”.
“La falta de políticas públicas por parte de los diversos organismos de distinto sesgo político en materia preventiva es directamente proporcional con el crecimiento de la propaganda de mando dura o campañas de ley y orden que ante el dato real demuestran ser meras ilusiones”, concluyeron los jueces.