A principios de mes, adelantábamos desde Diario Judicial, que existía un proyecto de ley en la provincia de Misiones que había despertado varias alarmas en las redes sociales por la posible amenaza a la libertad de expresión que aparecía en al menos uno de sus artículos.
El proyecto finalmente fue aprobado con 28 votos a favor, por lo cual se creó la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos que tendrá asiento en la ciudad de Posadas, pero con competencia territorial provincial y el cargo de Fiscal para la misma.
Si bien existía un consenso en la necesidad de que se creara la fiscalía, el debate surgió en base a que el proyecto, ahora convertido en ley, habilita en un artículo al fiscal a secuestrar dispositivos electrónicos ante delitos como las injurias, calumnias, intimidación pública o la incitación a la violencia cometidos por redes sociales, así como por la creación de “fake news” o “noticias falsas” sobre individuos o instituciones.
El proyecto finalmente fue aprobado con 28 votos a favor, por lo cual se creó la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos que tendrá asiento en la ciudad de Posadas, pero con competencia territorial provincial y el cargo de Fiscal para la misma.
Temas que fueron rechazados por la oposición provincial y por muchos usuarios de redes sociales, quienes consideraban que se utilizaría como una forma de censurar a la población, ya que el proyecto tampoco define que se entiende por “fake new” autorizando al secuestro preventivo y dando lugar a un posible abuso de poder.
Una vez que entre en vigencia restará ver si se judicializa, ya que desde algunos sectores señalaron que tenía artículos inconstitucionales, siendo el artículo 7 el apuntado por todas las voces críticas de la iniciativa.
El debate surgió en base a que …habilita en un artículo al fiscal a secuestrar dispositivos electrónicos ante delitos como las injurias, calumnias, intimidación pública o la incitación a la violencia cometidos por redes sociales, así como por la creación de “fake news”
Al margen de la polémica, la nueva ley, también incorpora metodologías para obtener evidencia digital, incluso de manera remota, así como la investigación en incógnito por parte de un agente en uso de un perfil encubierto previa autorización del juez.
Este tipo de agente podrá inclusive intercambiar o enviar archivos de contenido prohibido o ilegal con la finalidad de identificar o detener a los autores, participes o encubridores o impedir la consumación de un delito, así como para contribuir a la investigación con información o evidencia.