Crónicas de un abogado enojado

Un curioso caso en trámite ante la Justicia comercial enfrentó a un abogado contra la editorial Thomson Reuters, a la demandó por $36.780.935,05 luego de haber comprado un libro digital y que no se lo haya habilitado para su lectura virtual en tiempo y forma.

El hombre manifestó que se vulneraron sus derechos como consumidor tras haber adquirido un Código civil y comercial comentado en 6 tomos, así como un libro sobre Reformas al régimen de sociedades comerciales, que se debían entregar en copia física y digital, pero esta última nunca se habilitó.

Posteriormente, el letrado adquirió otra obra sobre derecho constitucional tributario pero igual que con las obras anteriores, no se le envió el formato digital dentro de las 3 horas como promocionaban en su página web, sino que se tardaron 4 días en entregarlo y luego de un reclamo por correo electrónico.

Un curioso caso en trámite ante la Justicia comercial, enfrentó a un abogado contra la editorial Thomson Reuters, a quien el primero demandó por $36.780.935,05 luego de haber comprado un libro digital y que el mismo no se haya habilitado para su lectura virtual en tiempo y forma.

Sin embargo, compró otro libro sobre procedimiento tributario que tampoco se entregó en formado digital, pese a los reclamos que llevaron al actor inclusive a volver a comprar la obra solo para tener el ebook que le resultaba más cómodo para trabajar.

El profesional alegó textualmente “perdí de poder trabajar todo el fin de semana, por la falta del material, adquirido, pagado, pero sin entregar; cuando tenía que presentar la apelación fundada sobre la resolución apelada, necesitando el libro adquirido para poder completar el trabajo en tiempo y forma”.

En la contestación de demanda, la accionada pidió el rechazo, alegando que no hubo incumplimientos y manifestando que no sería aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, al no adquirirse las obras como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social, sino para el ejercicio rentado de la profesión de abogado.

El proceso llegó a una resolución en materia de recusación de fiscales … los funcionarios del Ministerio Público no podrán ser recusados …el integrante del Ministerio Público no decide, sino que aconseja, dictamina. Luego, su intervención en la causa no es decisiva y, en todo caso, cualquier duda sobre su imparcialidad la despeja el control jurisdiccional que ejerce el órgano con facultad de decisión

Al mismo tiempo remarcó la conducta del actor cuyo reclamo era “exorbitante, malicioso y abusivo” y que además se repetía un patrón en la conducta del letrado que realizaba ese tipo de reclamos en varios casos, como por ejemplo contra Mercado Pago reclamando más de 33 millones por un bloqueo de la cuenta que le hizo perder $16.000, así como otros supuestos en demandas contra Cablevisión, Movistar, Edesur, Corredores Viales, etc, todo en procesos independientes con reclamos cuantiosos.

El caso incluye una serie de actuaciones poco vistas como el inicio de un incidente de solvencia sobre el actor que para la demandada buscaba “beneficiarse económicamente a costa de mi parte, abusando del sistema legal creado para proteger a los consumidores”, también el pedido de remisión del caso al tribunal de disciplina del CPACF contra el abogado de la demandada por haber citado los antecedentes del actor en casos análogos o inclusive la aparición de unas disculpas del tribunal por el retardo en proveer.

Si bien el expediente aún se encuentra en trámite, implicó nuevos planteos de recusación contra jueces y contra la fiscal de cámara del caso por ser los mismos autores de la editorial o dirigir capacitaciones de derecho, así se recursó a los jueces Pablo Heredia y Héctor Chomer y a la Fiscal Gabriela Boquín, quien anteriormente incluso decidió excusarse, lo que fue rechazado por la Cámara. 

Finalmente, el proceso llegó a una resolución en materia de recusación de fiscales, donde el Tribunal entendió que “el artículo 33 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación expresamente establece que los funcionarios del Ministerio Público no podrán ser recusados”.

Es que “el integrante del Ministerio Público no decide, sino que aconseja, dictamina. Luego, su intervención en la causa no es decisiva y, en todo caso, cualquier duda sobre su imparcialidad la despeja el control jurisdiccional que ejerce el órgano con facultad de decisión”.

A su vez, “no se han precisado ni se observan hechos concretos que justifiquen exceptuar la regla que expresamente establece que los titulares del Ministerio Público no pueden ser recusados”, por lo cual se rechazó la recusación “por improcedente”.