“Si el estado piensa en compensar una relación privada, estamos hablando de usura, imaginémonos cual sería el escenario para todas las relaciones de extractos sucesivos que han caído presos de la convertibilidad. Esto, además de ser una postura facilista, demagógica, es irresponsable. Nosotros no estamos transitando por ese camino. Ninguno de los pasos que hemos dado va dirigido en ese sentido”, le dijo a Diariojudicial.com Fernández (Frente para la Victoria – Santa Cruz).
En noviembre de 2003 el Congreso aprobó una ley que creó un Fondo Fiduciario en el Banco Nación para los deudores hipotecarios de hasta 100.000 dólares que tomaron un crédito privado en la convertibilidad pero que con la devaluación vieron la deuda triplicada. Sin embargo, la Justicia civil declaró inconstitucional esa norma y aplicó la teoría del esfuerzo compartido. Esto es que acreedor y deudor se hagan cargo en partes iguales de la diferencia que produjo la devolución. Sino la vivienda va a remate.
El Poder Legislativo volvió a insistir en una nueva ley. Esta vez la norma suspende los remates y ya fue prorrogada en tres oportunidades; está vigente hasta marzo del año que viene. Ahora, una Comisión del Congreso busca encontrar una solución definitiva al problema, que hasta ahora no llegó.
“Frente a la actual postura de la Justicia, estamos buscando distintos mecanismos. Algunos van en el ensayo de una ley interpretativa, que aclare concretamente los alcances de las leyes anteriores. Estamos tratando de encontrar acuerdo y que esta vez no encontremos un escollo en la Justicia”, señaló Fernández. La Comisión está integrada por senadores, diputados y representantes del Ministerio de Economía y del Banco Nación.
Quienes propician una compensación del Estado son los propios deudores hipotecarios. Desde la Asociación de Deudores Argentinos (ADA) estimaron la diferencia entre el deudor y el acreedor en 280 millones de pesos sobre un total de 12.000 deudores.
Consultado sobre las decisiones de los jueces, Fernández dijo: “En estos fallos donde algunos integrantes del Poder Judicial de primera instancia y de cámara defienden la constitucionalidad del crédito del acreedor debieran también tener en cuenta la ley de defensa de la competencia, la defensa de la vivienda única, el abuso de posición dominante que en algunos momentos en los contratos aleatorios sufrieron los tomadores de crédito y el valor en sí de la vivienda, la cantidad de dinero recibido y de cuotas pagas”.
La llave para destrabar el conflicto también la tiene la propia Justicia. Más precisamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Creemos que si hubiéramos tenido un fallo de la Corte que resuelva la pesificación esto estaría terminado”, opinó el senador e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Pero en el máximo tribunal no están los votos necesarios para fallar al respecto. Para eso hacen falta cinco voluntades sobre un total de siete jueces que hoy componen la Corte. Los ministros reclamaron en varias oportunidades que se cubran las vacantes que dejaron Augusto Belluscio y Antonio Boggiano porque obstaculizan la resolución de causas, entre ellas la pesificación.