Con el establecimiento de la inmigración ilegal como delito, se establecen multas entre 5 mil y 10 mil euros. Además, se eleva a seis meses el período durante el cual pueden permanecer los inmigrantes ilegales en los “centros de identificación”, antes de ser repatriados. No obstante, la prisión como castigo fue excluida debido a la superpoblación carcelaria en Italia.
Quienes alquilen un departamento a un inmigrante clandestino o simplemente le ofrezcan un hospedajes, con la nueva ley, podrán ser sancionados con penas de hasta tres años de prisión.
Por otra parte, se obliga a los padres extranjeros de un recién nacido a presentar el permiso de estadía para registrar el nacimiento. Lo que sumado a que además, ya no po¬drán acceder a los servicios públicos y los funcionarios tendrán la obligación de denunciarlos a la policía, podría generar los que desde asociaciones civiles califican como “niños invisibles”.
La denuncia por parte de los funcionarios, en un primer momento, planteaba una denuncia más amplia ya que se pretendía que el personal medico y los directores de los institutos escolares también denuncien a los inmigrantes ilegales. Cuestión que no se aprobó.
La ley contempla que en los casos en los que los inmigrantes ilegales, tras haber recibido la notificación de expulsión, y que permanezcan el país, puedan recibir penas entre seis meses y un año de cárcel.
Otra medida controvertida que incluye esta normativa es la que establece una especie de “patrulla ciudadana”. En este sentido, estas patrullas realizaran rondas para señalar alteraciones del orden público y serán apoyo de la policía italiana. Aunque, tras la sanción de la ley, Roberto Maroni, ministro de Interior, aseguró que no permitirá que el grupo patrulle las calles.
Maroni, tras la sanción dijo que nueva ley “termina un trabajo empezado hace un año para contrarrestar la criminalidad organizada y la inmigración clandestina y para mejorar la seguridad urbana”. Para el líder del Partido Democrático, Dario Franceschini, las medidas son “equivocadas, inútiles y dañosas” para Italia, ya que no sólo “no sirven a reglamentar el problema, sino que alimentan el miedo y la xenofobia”. Por su parte, el responsable en asuntos de inmigración del Vaticano, Monseñor Antonio Maria Vegliò, se termina por “satanizar” al extranjero, considerado como una amenaza.
Los escritores Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi, Dacia Maraini y el premio Nobel Dario Fo hicieron un llamado contra "las nuevas leyes raciales". En el texto de los intelectuales se consignan que “se trata de normas discriminatorias contra los inmigrantes, que no se aprobaban desde las leyes raciales” contra los judíos promulgadas en 1938 por el régimen fascista de Benito Mussolini.
En la Argentina, ya se empezaron a escuchar voces contra la decisión del Parlamento italiano. En un comunicado emitido este viernes por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini, se repudió la decisión tomada en Italia, solidarizándose “con todos los inmigrantes que resisten esta avanzada fascista”.
“Berlusconi es peor que Mussolini y repudiamos con todas nuestras fuerzas este regreso de leyes raciales y fascistas” ya que “el verdadero ilegal es Berlusconi” consigna el comunicado.