Hace pocos días tomo relevancia la aparición de la inteligencia artificial de Meta en las aplicaciones de la compañía, como Instagram y Whatsapp, al integrarse en las mismas permitiendo a los usuarios interactuar con la IA para todo tipo de funciones, como consultar el clima, hacer preguntas históricas, mantener una charla sobre algún tópico o solicitar la creación de imágenes, por citar algunos ejemplos.
Este despliegue por parte del gigante tecnológico no pasó desapercibido en materia de protección de datos personales ya que las autoridades públicas comenzaron a recibir presentaciones. En este caso los abogados Facundo Malaureille y Daniel Monastersky fueron los encargados de realizar una denuncia formal ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
Según informó ciberseguridadlatam.com, los letrados interpusieron la denuncia en derecho propio, tal y como ocurrió con la empresa Worldcoin que recientemente recibió una multa millonaria por parte de la Provincia de Buenos Aires.
En el caso de Meta, la denuncia “se centra en el uso de datos personales para el entrenamiento de inteligencia artificial”, constando de 22 puntos para que la firma dé explicaciones sobre la política de privacidad, el consentimiento de los usuarios, la anonimización de los datos, entre otros supuestos.
La denuncia “se centra en el uso de datos personales para el entrenamiento de inteligencia artificial”, constando de 22 puntos para que la firma dé explicaciones sobre la política de privacidad, el consentimiento de los usuarios, la anonimización de los datos, entre otros supuestos
Además, se pretende que la AAIP realice una auditoría independiente de los procesos de Meta en el país “y establecer directrices sobre los estándares de anonimización aceptables en Argentina, en el marco de sus facultades como autoridad de aplicación de la ley 25.326”.
Anteriormente Whatsapp ya había sido denunciado en el país y en el caso de la implementación de la IA de Meta, también recibió denuncias en otros países, lo que llevó a que inclusive su puesta en funcionamiento se postergara en la Unión Europea o que Brasil dicte una medida preventiva para suspenderla.