Balza dedicó esa frase a quienes quisieron involucrarlo en la venta ilegal de más de 6 mil toneladas de armas a Croacia y Ecuador. Pero hizo referencia a Cavallo como quien firmó los decretos que autorizaban la comercialización de armamento junto a los entonces ministros Erman González, Oscar Camilión y Guido Di Tella y el ex presidente Carlos Menem.
“Pícaros y bandidos, pícaros y corruptos quisieron involucrar al ejército en la persona del Jefe del Estado Mayor”, había dicho Balza el 16 de marzo de 2006 en una entrevista con Telefé Noticias. Durante la nota, señala el fallo al que accedió Diariojudicial.com, el embajador aclaró que con esa frase no hacía referencia a los ex funcionarios sino a otras personas que no identificó y sólo dijo que si lo estaban viendo “saben a quién me estoy refiriendo”
Las palabras de Balza “no iban dirigidas al querellante, al que, en cambio le atribuía `haber firmado los decretos`, lo que además de ser cierto, no contiene agravio alguno para el honor de la persona”, dijeron en la resolución los jueces Gustavo Mitchell y Juan Fégoli de la Sala II de Casación. El tercer magistrado, Pedro David, sostuvo que hubo un error procesal en la audiencia de conciliación que mantuvieron las partes por lo que era necesario que se dicte un nuevo pronunciamiento en primera instancia.
Los magistrados agregaron que “la versión fuese parcializada por el Canal de T.V. y que al público sólo llegasen las expresiones que se consideran lesivas para el honor que, son la salvedad efectuada, pudieron considerarse dirigidas al querellante, es responsabilidad exclusiva de la transmisora y no de quien concurre a la entrevista, sin que pueda atribuírsele –ni se ha insinuado– connivencia para que sus dichos fuesen así cercenados”
Casación confirmó el sobreseimiento que el juez federal de primera instancia Hernán Lijo había dictado el 4 de abril de 2007. Allí el magistrado sostuvo que no hubo “un contenido injuriante” hacia Cavallo.
Río Tercero: una nueva fecha para la declaración indagatoria
En la causa que Balza sí está imputado es en la que la Justicia Federal de Córdoba investiga la explosión de la fábrica militar de Río Tercero ocurrida el 3 de noviembre de 1995 y en la que murieron siete personas. El ex jefe del Ejército está acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte y el juez Oscar Valentinuzzi sigue la línea que la voladura fue intencional para borrar pruebas de la venta de armas a Ecuador y Croacia.
El abogado de Balza, Manuel Lozano, viajó este jueves a Colombia para coordinar una nueva fecha de declaración indagatoria. A las dos primeras el embajador no concurrió de manera justificada.
La primera, el 6 de febrero, una afección auditiva le impedía volar. La segunda, el 25 de marzo, Balza y toda la representación argentina debió permanecer en Colombia por una orden de la Cancillería argentina para asumir la representación de Ecuador en ese país a raíz del conflicto diplomático entre ambos país por la muerte de un líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la frontera.
La defensa de Balza sostiene que debe ser desvinculado del expediente porque por los mismos hechos ya fue investigado en la causa de contrabando de armas y fue sobreseído. El juez Valentinuzzi rechazó esa presentación por considerar que se trata de dos investigaciones distintas y el pedido ahora está en manos de la Cámara Federal de Córdoba.