En su presentación, Pierini y Alimena solicitaron además que se investigue la responsabilidad funcional del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de la Policía Federal Argentina “por ser quienes tienen la custodia de dichas playas de depósito de vehículos secuestrados en causas judiciales y no obstante reiterados pedidos de que se retire tal chatarra nunca dieron respuesta a los mismos”.
Según un comunicado difundido por la Defensoría, estudios epidemiológicos efectuados en la zona demostraron que en los ‘cementerios’ aparecieron focos “de infección larvaria del mosquito Aedes Aegypti (vector del virus del dengue)” y que “no pueden desinsectizarse mientras se mantengan las pilas de autos en las actuales condiciones en las playas de depósito y no se realice la compactación y disposición de la chatarra”.
La presentación, añadió el comunicado, se hizo porque la Defensoría “viene alertando y reclamando acerca de la importancia de erradicar estos focos de contaminación, desde hace varios años, porque constituyen un peligro real y concreto para la salud de los ciudadanos”.
Un informe de diciembre de 2007 realizado sobre un universo de 59 chicos que habitan en predios lindantes al ‘cementerio’ de autos en la Villa 20 comprobó que el 35,5 por ciento de los menores presentó valores de plomo en sangre iguales o mayores al máximo tolerado.
Además, indicó que un 37 por ciento de los chicos estudiados mostró otras sintomatologías asociadas a intoxicación por plomo tales como infecciones respiratorias frecuentes, en tanto que el 23 por ciento de los encuestados se quejó por dolor abdominal recurrente, el 22 por ciento por cefaleas reiteradas y un 20 por ciento dijo tener diarreas frecuentemente.
La Defensoría estimó que en la Villa Costanera Sur-Rodrigo Bueno, próxima a la Reserva Ecológica, viven alrededor de 500 grupos familiares (unas 2 mil personas) de escasos recursos.
“La villa carece de infraestructura (electricidad, servicios cloacales y/o pluviales) y además padece los problemas ambientales derivados de la contaminación provocada por el emplazamiento de una ‘playa policial’ para el depósito de automotores ubicada a escasos metros de las viviendas”, añadió el comunicado.
La denuncia de la Defensoría, que se enmarcó en la ley 24.051 (Régimen de Desechos Peligrosos) se llevó a cabo por el “silencio de los funcionarios a cargo de los cementerios de autos y de sus superiores, y la falta de medidas concretas para evitar un daño a la salud pública y la degradación del suelo en plena ciudad”.