El proyecto sugiere una metodología similar a la aplicada por el 911, es decir que de aprobarse el proyecto, se implementaría un número telefónico único y a nivel nacional, el 915, para recibir estas denuncias. “Las llamadas serán sin cargo y podrán hacerse desde teléfonos públicos, semipúblicos, privados o celulares”.
El mencionado sistema estará bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, quien será la encargada de llevar un registro que contendrá tanto las llamadas como los SMS o mensajes de texto de los denunciantes, que se archivarán por el lapso de cincuenta años.
Según la iniciativa, el sistema debe depender de la Corte porque “de esta manera la información que pueda surgir por este sistema de denuncias quedará a cargo del manejo de un organismo independiente dentro del ámbito estatal, quien podrá derivarlas a cualquiera de los organismos de seguridad que puedan intervenir, aclarando que no necesariamente hablamos de uno para evitar, con ello, que exista la posibilidad de que se den casos de corrupción policial”.
En cuanto a las denuncias, el proyecto prevé que puedan ser anónimas y “en caso de que el o la denunciante se identifique, la identidad de esta persona será mantenida en secreto desde el momento de la denuncia, durante el proceso judicial de que se trate y también después de finalizado, aún para las fuerzas de seguridad que intervengan”.
Además, entre sus fundamentos, se hace mención a lo que dijera en oportunidad de la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la Organización de Estados Americanos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que expresó “que es necesario darle mayor densidad social a este problema para poder combatirlo con éxito, que es necesario la activa participación y compromiso de toda la sociedad y para ello es preciso que la misma colabore activamente, por lo menos, a reducir el impacto que significa la violación de los derechos humanos de mujeres, de menores de edad o en situaciones muchas veces inimaginables”.
Hace poco tiempo, un juez federal de La Pampa, Pedro Zavala, dictó el primer procesamiento por trata en esa provincia. Recayó sobre el dueño de un cabaret que intentó defenderse aludiendo que “ayudaba” a las chicas.
“El tráfico se produce por medio de violencia, fraude o el aprovechamiento o la provocación de situaciones de constreñimiento económico. Se sostiene que la explotación sexual, por ejemplo, es la tercera actividad ilícita más rentable del mundo, detrás del tráfico de drogas y de armas”. Pues, “se trata de un tráfico de naturaleza subterránea, imposible de procesar sin cooperación de las víctimas, quienes, sin embargo, no sólo carecen de incentivos de los gobiernos para hacerlo sino que además, corren riesgo de ser criminalizadas por el ejercicio de la prostitución u otros delitos conexos, ser deportadas o sufrir represalias de parte de los traficantes” consignaba aquel procesamiento.
El proyecto girado a las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, es impulsado por la diputada Paula Merchan y otros seis legisladores de distintas provincias.