Se trata del proyecto que bajó la edad de imputabilidad a los menores de 14 años. “Si para derogar la Ley de Radiodifusión de la dictadura y sancionar una nueva norma se realizan decenas de encuentros en todo el país ¿No les parece a los señores legisladores que para resolver que niños de 14 años deben estar presos, es preciso escuchar la voz de los/as trabajadores/ as, de los/as especialistas en derecho de la infancia, de los y las ciudadanas interesados en este tema, y muy pero muy especialmente, la voz de niños, niñas y adolescentes?”, criticaron.
Para el organismo, el nuevo régimen es “regresivo”. “En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad” con lo cual “está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura”, indicaron. Al respecto explicaron que pasamos de un Código Penal que en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años, luego se fue subiendo el tipo hasta llegar en 16 años durante la reapertura democrática del 80, y ahora –con la sanción de este nuevo proyecto- se regresó como edad tope a los 14 años.
Además, estimaron que su único fin tal cual fue aprobado, es imponer un “castigo” a los jóvenes. El documento descalifica lo dicho por miembros de la Corte al rechazar la excarcelación de menores de un instituto, sobre que es mejor para ellos estar en ese lugar y no en la calle donde pueden ser víctimas de gatillo fácil. “Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia”, según el CEPOC.
“No se trata de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen”, remarcaron, y en ese sentido criticaron el hecho que “la mitad de los adolescentes carece de condiciones básicas de existencia” tales como falta de “agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones y futuro”.
“Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten”, agregaron desde el CEPOC.
También repudiaron el nuevo régimen, señalando que “la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima”. Es que –según suscribieron en el documento – de acuerdo a datos de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero “sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte), 270 casos”
“Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años”, sostuvieron.
Remarcaron que en la actualidad “el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro” y siguiendo esa lógica “mucho menos podrá controlar las que piensa crear”.
Por último, sostuvieron desde el CEPOC que el sistema penal “es discriminatorio, selectivo y estigmatizante” porque “no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables”. Y –según explicaron- “los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales”.